Sobre "el modelo" del gobierno "K" (nota 4 y última)

¿Cuáles son los resultados del “modelo”?

En un contexto de crecimiento de los precios internacionales de las materias primas agrícolas, mineras y energéticas que la Argentina produce y exporta, se lograron elevadas tasas de crecimiento del producto, balanzas comerciales favorables, y superávits fiscales primarios (antes del pago de los servicios de la deuda) importantes.

Con una política cambiaria que privilegió el dólar alto, compensando con la intervención del BCRA una tendencia lógica a la revaluación del peso, aumentaron el empleo y el salario de los trabajadores formales, manteniendo cierto nivel de competitividad externa en sectores industriales no tradicionales.

Sin embargo, el empleo informal sigue siendo muy elevado. En ese sector los salarios reales no aumentaron sino todo lo contrario. El 25% de la población está excluido del proceso productivo y vive en la marginalidad, aún cuando perciba un ingreso mínimo. El número de pobres sigue siendo tan elevado después de 7 años de kirchnerismo como lo era después de los primeros 7 años del menemismo y la brecha entre quienes más y quienes menos ganan sigue siendo muy elevada.

Luego de los años de gracia de la reestructuración de la deuda de 2005, el superávit primario apenas alcanza para cubrir los compromisos externos. El sostenimiento de un dólar alto, para no perjudicar a la industria y el empleo, genera tendencias inflacionarias, que sumadas a las estructuras productivas y de distribución oligopólicas, y a la puja distributiva, no hacen prever una fácil contención de este proceso, con su negativa influencia en la situación social y en la distribución del ingreso.

Dados los sectores dinámicos del crecimiento económico de los últimos años, la naturaleza trasnacional de quienes los organizan y dominan, el volumen de excedente generado, la parte del excedente se distribuye en el interior del país, y la parte que se queda en el exterior o se transfiere al exterior, el tipo de bienes que demandan en el interior los distintos grupos de la población empleados en esos rubros, está claro que este “modelo” no es capaz de lograr la “inclusión social” pretendida por el gobierno en su discurso. Después de más de 7 años, en los cuales ya tuvieron lugar las mejores condiciones (ausencia de crisis internacional, postergación de los pagos de la deuda, capacidad ociosa en el aparato productivo local), no parece que extendiendo en el tiempo el funcionamiento actual de la economía, los resultados en materia de inclusión vayan a llegar finalmente.

Los sectores dinámicos no emplean gran cantidad de mano de obra ni pagan salarios elevados. La extensión de la frontera agrícola no puede prolongarse mucho más porque ya está ocupando las zonas menos productivas y está invadiendo la propiedad ancestral de los pueblos originarios. La frontera se expande a expensas de la destrucción de montes nativos, lo que se pagará en el futuro. Lo mismo ocurre con los emprendimientos mineros, que ya enfrentan la resistencia de las poblaciones locales y se expanden a expensas de la destrucción de los glaciares.

Las clases alta y media alta que se han beneficiado del “modelo” no tienen el peso demográfico suficiente como para que la producción de los bienes de consumo que demandan, incluso los durables (automóviles, yates, 4x4, etc.), puedan garantizar ni la producción nacional (muchos de esos bienes se importan) ni el pleno empleo.

Sin embargo, con altos precios internacionales de las materias primas, este esquema puede durar mucho tiempo más, y el estado puede seguir intentando compensar, mediante transferencias directas a las familias, y mediante obras públicas de carácter social, los elementos más injustos del “modelo”.

Si ése es el plan del gobierno, bueno sería reconocer que su objetivo no es, ni será, la inclusión social, sino el mantenimiento del “statu quo” con los niveles más bajos posibles de conflictividad social.

¿Y el futuro?

La renuncia a producir cambios estructurales puede pasar inadvertida por la población mientras este esquema logre contener la conflictividad social, y es por ello que el gobierno se enfoca, cada vez más, en la gestión política y comunicacional del conflicto social, antes que en remover sus causas.

Por ello no puede prescindir de sus relaciones con el sindicalismo tradicional, con los políticos tradicionales del justicialismo, y ante la eventualidad del uso de la fuerza pública, no puede arriesgarse a no tener el control de las fuerzas de seguridad. Y para revestir todo esto de progresismo, cuenta con una batería de instrumentos de comunicación social que utiliza con una eficacia digna de mejores causas, al menos en lo que respecta a la manipulación de las conciencias de sus propios adherentes.

Si bien intensifica su discurso “anti corporaciones”, renuncia a hacer una alianza con la sociedad, y en lugar de ello se entrega en manos de otras corporaciones, más afines a la conservación del poder que se acumuló hasta el presente.

Pero por inteligente que sea el manejo de la comunicación o de las relaciones con la corporación política, sindical y policial, los problemas del “modelo” seguirán estando en el hecho de que el mismo no garantiza la inclusión social, y por lo tanto, no garantiza la paz social. Una verdad de perogrullo.

Con el agravante que las corporaciones política, sindical y policial, exigirán un precio cada vez más alto para contener el conflicto social con los métodos ya conocidos por todos.

Si fueran eficaces en la contención, el statu quo se mantendrá, con los niveles de injusticia conocidos, y el kirchnerismo habrá pagado el precio de renunciar a la construcción de un movimiento político de cambio.

Si, por el contrario, esas corporaciones fueran desbordadas, la renuncia a construir ese movimiento, contando con la inigualable palanca que representa el poder del estado, habrá impedido a toda la sociedad tener una herramienta para conducir la próxima crisis, cuando indefectiblemente estalle, hacia una salida racional y democrática.