La muerte de Rucci, la biblia y el calefón

El gobierno de Raúl Alfonsín empezó con el juicio a las juntas y terminó enviando al parlamento las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final. Entre un punto y otro de ese camino no solamente hubo debilidad ideológica y doble discurso. Hubo también un problema de correlación de fuerzas.

La cuestión de “La muerte de Rucci” tiene puntos de contacto con esa experiencia: surge cuando el gobierno ha sufrido un importante desgaste, está “a la defensiva”, y ha renunciado a la construcción de un sujeto político superador, si es que alguna vez tuvo realmente esa intención.

Al igual que Alfonsín se replegó hacia el radicalismo después del fracaso del Plan Austral, el kirchnerismo después del conflicto con “el campo” se volcó hacia el peronismo de los caudillos provinciales, los punteros locales y el sindicalismo tradicional.

Alfonsín se las tuvo que entender con dirigentes radicales menos convencidos que él de su política de derechos humanos. Y finalmente, cuando tuvo que optar entre salvar al radicalismo y a su gobierno o mantener la dignidad de la democracia recuperada, eligió lo primero.

En este marco debería analizarse el juego de los actores que están detrás de la actualización de la muerte de Rucci, con excepción del justo reclamo de sus hijos.


Hecha esa excepción, parece claro que se trata de conseguir que se equiparen todos los crímenes políticos y se los considere delitos de lesa humanidad. De alcanzarse ese objetivo, se produciría en nuestro país un retroceso en materia de justicia y de derechos humanos quizás mayor que el que significaron, en su momento, las leyes de obediencia debida y de punto final.

El Derecho, que es una construcción social, establece convenciones que cambian con el tiempo. La convención que el derecho vigente ha consagrado es que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, mientras que otros crímenes sí. Y que los crímenes de lesa humanidad son aquellos cometidos por el Estado, sus organizaciones o las personas que ejercen el control de las mismas, y no por particulares, sean éstos individuales u organizados.

No es intención estas líneas hacer una discusión sobre derecho. Sin embargo, intuitivamente es posible imaginar qué ocurriría si el asesinato de Rucci fuese considerado un delito de lesa humanidad.

En ese caso, deberían ser crímenes de lesa humanidad todos los crímenes políticos y no solamente los perpetrados por alguna organización guerrillera, los crímenes mafiosos, que no son diferentes de un crimen político, salvo por tener objetivos de otra índole, los crímenes cometidos por matones sindicales, ya que serían un tipo especial de crimen mafioso o de crimen político, los crímenes cometidos por sicarios, y en fin, cualquier crimen por encargo. ¿Qué quedaría entonces de los delitos de lesa humanidad si todos los crímenes citados se equipararan?

Quienes hoy están interesados en consagrar que los crímenes de la guerrilla de los años 70 son delitos de lesa humanidad no pretenden perseguir a mafiosos, sicarios, matones sindicales, asesinos por encargo y sus contratantes. Sólo están interesados en los ex guerrilleros, porque creen que de este modo van a poner en aprietos al actual gobierno, ya que suponen que algunos funcionarios podrían ser procesados por la justicia en ese caso. Ni siquiera tienen un discutible concepto de justicia. Sólo se trata de golpear al adversario. O de tener un elemento de negociación.

El concepto de delito de lesa humanidad, y el dolor de los familiares de Rucci, pueden ser utilizados y manipulados por esta gente, para obtener un rédito político. Y de paso se escamotea la verdadera discusión: la muerte de Rucci forma parte de un drama nacional que aún no se ha procesado suficientemente, y por ello no se ha saldado: la mal llamada violencia política de los años 70.

Mal llamada porque podría llamarse “la violencia política de 1955 en adelante”. ¿O acaso no empezó con ese golpe de estado?

Quien escribe estas líneas participó de casi todas las movilizaciones estudiantiles que se produjeron de marzo de 1973 en adelante, y en numerosas ocasiones escuchó la consigna “Rucci, traidor, a vos te va a pasar lo que le pasó a Vandor”. Tenía 16 años. ¿En la argentina de los Kirchner se me considerará instigador de un delito de lesa humanidad dentro de unos meses? ¿O tal vez un apologista de tal delito? ¿Lo fui realmente?

Cuando mataron a Rucci, lo primero que pensé era que habían sido los Montoneros, cumpliendo con esa consigna que con soltura coreaban los simpatizantes y militantes de base de todas sus agrupaciones de superficie, mientras ningún dirigente decía ni media palabra para desalentar a quienes lo hacían.

En mi casa trabajaba una chica como empleada doméstica. Era un poco mayor que yo, pero era joven. Nuestras diferencias no eran de generación, sino de clase social. Aún así, los dos éramos peronistas. Ella comenzó a llorar cuando supo la noticia, y entonces sospeché que algo malo estaba pasando. Sus emociones y las mías diferían, pero no por tener “diferentes grados de conciencia” sino por algo más profundo.

Comentando el hecho con compañeros en el colegio secundario, algunos creían que habían sido los Montoneros, y otros que había sido “la CIA para enfrentar a Perón con los Montoneros". Había que esperar a que saliera “El Descamisado” para conocer la posición oficial de “la orga”.

Cuando salió “El Descamisado” con una tapa que decía “La muerte de Rucci – Encrucijada Peronista”, y leí el editorial escrito por Dardo Cabo, que siempre era tan claro, y que esta vez daba vueltas para decir que no pero sí, que sí pero no, confirmé que algo malo había pasado.

Transcurridos 35 años de aquello, no leí el libro recientemente publicado de Ceferino Reato. Nunca me hizo falta una investigación periodística. Los Montoneros nunca se atribuyeron el hecho, y lo que yo siempre pensé es que efectivamente habían sido ellos, pero llegaron a la conclusión de que fue un error trágico. Si fue así, nunca nadie se hizo cargo.

También pensé que aún si no fueron los Montoneros, ellos igual serían responsables, al menos en parte. No se puede andar por la vida diciendo que van a matar a alguien, y cuando eso ocurre pretender que no hay ninguna relación.

Y aquí está la verdadera discusión: ¿se merecía Rucci que lo mataran? ¿Se merece cualquier persona que la maten por razones políticas? ¿Alguien podría contestar a esta pregunta hablando cara a cara con los hijos de Rucci? ¿Qué idea tendrán ellos sobre la figura política de su padre y el rol que jugó en esos años? ¿Creerán que fue simplemente un dirigente sindical, el más importante de todos? ¿Qué sabrán de la historia negra de los matones sindicales que estaban a sus órdenes?

Demasiadas preguntas sin respuesta, cuyas respuestas debería darse la sociedad argentina antes que responder si ese crimen es o no un delito de lesa humanidad.

Lo cierto es que a Rucci nunca lo juzgaron por haber matado o mandado a matar a nadie. Por lo tanto, para la justicia, Rucci es un muerto inocente, igual que nuestros compañeros desaparecidos y muertos a manos de la triple a o de los militares genocidas.

O sea que los que mataron a Rucci igualaron personas e historias muy distintas, y ese es, hasta ahora, el único resultado cierto e incontrastable de este drama.

Que no se convierta, en manos de otro gobierno debilitado, pragmático y con doble discurso, en una excusa para una agachada histórica en materia de derechos humanos. Es lo único que le falta a este gobierno.