El mal diagnóstico económico conduce al fracaso político y al deterioro social
El pasado 20 de diciembre el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la emisión de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Invocando facultades constitucionales, derogó cientos de leyes, modificó otras y dispuso medidas cuya aprobación corresponde al Congreso Nacional. Desde el punto de vista jurídico, el DNU es una amenaza para la salud institucional de nuestra democracia: no cumple con los requisitos previstos en la Constitución Nacional para su dictado, lo que comporta una violación al principio republicano de la división de poderes. Para una mejor comprensión de esto nos remitimos al texto del recurso de amparo colectivo presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Claudio Lozano y otros [i] . Para emitir una opinión desde el punto de vista económico, se deben analizar los objetivos, instrumentos y medidas contenidas en el DNU, y establecer las consecuencias probables de su aplicación. El objetivo de estas líneas es abordar sólo un aspecto parcial de es