miércoles, 11 de enero de 2012

Etica y política


En charlas de café, en sobremesas de reuniones de amigos, en conversaciones con compañeros de trabajo, pero también en reuniones políticas, cuando se analizan hechos de corrupción en el manejo de fondos públicos, las personas demuestran diferentes grados de aceptación, de tolerancia o de resignación.

Cuestión difícil si las hay, que hasta es complicado definir de qué estamos hablando: no nos referimos a las actitudes individuales de personas inescrupulosas que aprovechan, para sí, ciertas posibilidades de hacerse con lo que no les pertenece. Hablamos de apropiaciones colectivas, organizadas con un fin que no es el enriquecimiento o el disfrute individual de dinero o bienes materiales, sino para sostener las actividades de una organización.

Una asociación ilícita cuyo fin sea apropiarse de dineros públicos, merced al acceso que pueden tener sus integrantes, por el hecho de ser funcionarios públicos, no sería un objeto de discusión política si el único fin de esta apropiación fuera el enriquecimiento ilícito de sus integrantes. Una banda de ladrones que roba dinero público para disfrutarlo individualmente, aunque lo roben colectivamente, no es un objeto de análisis ni de discusión política.

La cosa se complica cuando determinados miembros de una organización con fines lícitos, como es una organización política o social, se organizan para apropiarse indebidamente de recursos que administran por ser funcionarios públicos, para sostener las actividades lícitas de las organizaciones políticas o sociales a las que pertenecen.

Estamos hablando de una forma ilegal de financiar actividades legales. De los mecanismos carentes de ética usados para sostener organizaciones cuyo fin es el bien común.

¿Estamos hablando de un sinsentido lógico? ¿De ética? ¿De política? ¿De todo eso a la vez?

Hay quienes sostienen, basados en la experiencia argentina y mundial, que en el contexto actual, dominado por los medios de comunicación, y ante los costos de las campañas políticas, se necesitan montos muy elevados de dinero para financiar una campaña política. Y más allá de las campañas, debe decirse que una organización política moderna debe tener un staff permanente de personas, oficinas, equipamiento y servicios logísticos en todo momento, un “aparato” si se quiere usar un término gráfico, que también es muy caro de sostener.

En nombre de una suerte de realismo, entonces, muchos aceptan como inevitables las formas inconfesables (literalmente, no se pueden confesar porque son delitos) de financiamiento de actividades legítimas y necesarias para la democracia. Jamás podría escribirse este argumento en un documento público, pero es muy habitual en discusiones sobre el tema, que con el viejo artilugio de convertir la necesidad en virtud, el financiamiento espurio de la política se considera un mal necesario.

Este tipo de razonamiento termina colocando a la defensiva a los críticos, que estarían hablando de ideas morales pero no de política. Incluso se les puede conceder que desde el punto de vista ético tienen razón, pero desde el punto de vista político están equivocados.

Gente honesta e inteligente, acostumbrada por su formación y su profesión a analizar cuestiones sociales complejas, a relacionar variables y modelizar relaciones de causalidad, a apreciar los cambios que ocurren a lo largo del tiempo, cuando tocan este punto, sorprendentemente, se concentran en el argumento simplista de que “no hay otra forma de financiar la política, ni aquí ni en ningún otro lugar del mundo”.

Además, es como si se hubiera llegado al “fin de la historia” en la materia: no son capaces de imaginar que la situación actual puede modificarse en el futuro, como tantas otras cosas lo han sido en el pasado, o en todo caso cuáles serían las condiciones que la acción política debería producir para que este cambio tenga lugar.

Y lo peor de todo: no son capaces de preguntarse cuál es el efecto político de estas prácticas en las organizaciones y en los sistemas políticos que las toleran.

Vamos a tratar humildemente de abordar esas cuestiones a continuación.

Una de las formas de financiamiento espurio de la política es mediante los sobreprecios en las contrataciones de obras o de servicios públicos: las empresas privadas que se adjudican las obras o los servicios, una vez que cobran, entregan a los funcionarios la parte acordada, que no es en detrimento de su propio beneficio. Como este arreglo exige una complicidad anterior al procedimiento de contratación, se vulnera el principio de concurrencia entre oferentes, cosa que se hace de diferentes maneras: mediante contrataciones directas cuando deberían encuadrarse en licitaciones públicas, o mediante el direccionamiento de los pliegos a las empresas afines. En ocasiones, esto es una “devolución de favores”: la empresa previamente aportó a la campaña, y el compromiso del partido es que iba a recuperar la inversión con contrataciones públicas.

Demás está decir que esto incorpora la lógica privada cliente-proveedor, anulando todo principio público de transparencia y competencia. Las obras y los servicios públicos son, así, más caros y de peor calidad, ya que la valoración de las condiciones técnicas y económicas de los oferentes es meramente formal. El control se relaja, puesto que de lo contrario podría cortar la “cadena”. Los gobiernos llegan obligados con los empresarios que los financiaron. Pero como, por razones obvias, tampoco pueden ser muchos actores los involucrados, se va conformando y consolidando un bloque muy reducido de contratistas del estado o de grupos económicos beneficiados por regulaciones estatales. Dada esta conjuncion de intereses y de poder, no está claro quién define la política y quién presta los servicios.

¿Qué tipo de estado se va conformando, a lo largo del tiempo, con esta lógica? ¿Qué tipo de empresariado? ¿El descontento de la sociedad con la calidad de los servicios públicos no afecta la gobernabilidad democrática? ¿Esto es acaso un problema ético, o es un problema político de primer nivel?

Es importante advertir que siempre el dinero sale del presupuesto público: el empresario que financia una campaña recupera su “inversión” con contratos de obra o concesiones de servicios, y una vez cubiertos sus costos y su beneficio, los sobreprecios van al partido. Por lo tanto son los ciudadanos los que financian la política, pero no lo hacen de un modo transparente ni equitativo.

Por lo tanto no es cierto que la política sea tan cara que no se puede financiar con el presupuesto público, porque de hecho se financia con el presupuesto público. Sin embargo, esta forma de financiamiento sólo beneficia a los partidos políticos que llegan a posiciones de gobierno.

Surge entonces la pregunta: aquellos que creen en la “inevitabilidad” de esta forma de financiamiento, ¿piensan que la política es sólo para los partidos que llegan al gobierno? ¿O piensan en un sistema con partidos de primera (los oficialistas) y partidos de segunda? Desde luego sólo se puede admitir como “natural” e “inevitable” esta forma de financiamiento cuando, explícita o tácitamente, se es oficialista. O se es una oposición componedora: hoy por tí, mañana por mí.

Frente a esta realidad fáctica, cualquier observador objetivo debería concluir que es de muy baja calidad el sistema democrático que funciona de ese modo.

La otra forma habitual por la que se financia la política de modo espurio es mediante la regulación del delito ejercida por las fuerzas de seguridad, lo cual es más grave aún en términos de deterioro del estado de derecho.

Prostitución, tráfico de drogas, “desarmaderos” de coches robados, y otras actividades delictivas, son toleradas por la policía en el ámbito territorial de cada comisaría, en la medida en que las bandas de delincuentes observen ciertas pautas acordadas con las fuerzas de “seguridad”, y a cambio de una exacción ilegal que procede de la actividad ilícita que se “regula”.

En cada municipio, una parte de este “impuesto al delito” alimenta las arcas del partido gobernante. Es una rara forma de extorsión en la que en lugar de “pagar” se “cobra”: si las autoridades políticas alteran este estado de cosas, el delito se desboca en el distrito. Para tener el delito “bajo control”, y de este modo tener futuro político, las autoridades democráticas ceden una esfera del estado de derecho a la fuerza policial, la cual regula hasta qué punto suprime el estado de derecho para los ciudadanos y deja operar a los delincuentes, a cambio del dinero que comparten con el sistema político.

¿Qué puede decirse de la forma en que esta cuestión degrada la democracia, la consideración de la ciudadanía por sus instituciones, por los políticos y por las fuerzas de seguridad? ¿Qué decir del modo en que una burocracia armada se hace cargo, con la anuencia de las organizaciones políticas democráticas, de suprimir el estado de derecho a cambio de dinero? Con el agravante que no sólo estamos hablando de dinero (se cobra un impuesto a lo que el delito le quita a la sociedad) sino de la tolerancia y, en última instancia, el sostenimiento de crímenes como la trata de personas y el tráfico de drogas, que degradan a toda la sociedad y golpean con mayor dureza siempre a los más indefensos en la escala social.

Quienes afirman livianamente que “la política se financia en todos lados del mismo modo”, simplemente desean ignorar de dónde proviene el dinero para abrir un local, imprimir unos carteles, o sostener las “ONG’s”, “centros de estudio” y “fundaciones” que contratan a tiempo completo a determinados profesionales, técnicos o cuadros políticos que hacen sus tareas lícitas. Eso no se pregunta, pero se supone que, de “alguna manera” viene del “desvío” de algún recurso público. De ahí a la complicidad con el narcotráfico y con la “maldita policía” parece haber una gran distancia, un exceso de elucubraciones que corren por cuenta de mentes conspirativas. Los que conocen la política del conurbano bonaerense no dicen lo mismo.

Es la típica actitud de “banalizar el mal”. Deslindarlo de aquella parte de la cotidianeidad que le puede afectar a uno, aunque más no sea por tolerar lo inaceptable. Convertirlo en algo natural, burocrático, pero sobre todo, ajeno. Con actitudes como esas, sociedades cultas y altamente desarrolladas llegaron a tolerar las atrocidades más grandes de la historia.

Entonces, volvamos a empezar esta discusión, pero sin soslayar las cosas de las que generalmente no se habla: la política, aquí y ahora, se financia con la trata de personas, el narcotráfico, los desarmaderos, las obras públicas de costos exorbitantes y renegociaciones permanentes, las concesiones de servicios públicos de poca inversión y baja calidad, con usuarios cautivos, ejecutadas por contratistas que en algunos casos son los que dictan las políticas públicas, con una policía que no se somete al poder civil y continuamente lo está extorsionando con su capacidad de regular la inseguridad de los ciudadanos que tantos votos puede dar o quitar.

¿Hablamos de ética o hablamos de política?

Pero hay más. Si el financiamiento espurio es inevitable, entonces las personas que en los partidos políticos son imprescindibles deben tener ciertas cualidades. Tienen que saber cómo arreglar con los empresarios para que les pongan plata en las campañas, y tienen que tener autoridad para garantizarles obras o servicios públicos en el futuro. Tienen que ser reconocidos como personas de la mayor confianza de los líderes, pero no ser los líderes, ya que los líderes no pueden ocuparse de estos asuntos. Tienen que saber organizar el circuito de la llegada de los recursos, el blanqueo y el uso para la compra legal de cosas para la campaña. Y ni que hablar de los que arreglan con los comisarios, por recursos procedentes de actividades mucho más pesadas, que no admiten cabos sueltos.

Todo lo dicho los convierte en personas de la mayor confianza de los líderes, con gran poder en la organización y con gran poder en el gobierno, aunque no siempre tienen cargos. Y eso también implica formas de organización y de toma de decisiones en los partidos, de selección y de promoción de miembros a niveles de responsabilidad y al acceso a la gestión.

Si los partidos políticos son cautivos de los contratistas del estado o de las fuerzas policiales cómplices del delito, si renuncian a controlar a esas fuerzas, si los líderes privilegian como personas de su confianza a los “monjes negros”, y son éstos los que controlan las estructuras partidarias y colocan a sus peones en las áreas críticas de gobierno, la gobernabilidad democrática, lejos de consolidarse, estará siempre pendiente de un hilo muy delgado. Porque requerirá del consentimiento de un conjunto de actores que carecen de una lógica de “bien común”. No hablemos ya de transformación del sistema o de “justicia social”.

¿Cómo se explica entonces el proceso virtuoso vivido en nuestro país desde 2003 en adelante? ¿Es posible hacer hincapié en las cuestiones abordadas en estas líneas, y no advertir todo lo que se ha avanzado?

En ciertas circunstancias, en épocas de crecimiento económico, cuando fluyen los recursos para atender todas las demandas, estos actores pueden asumir, circunstancialmente, comportamientos compatibles con la gobernabilidad. Pero cuando eso no es así, suelen ser muy disruptivos y pueden esterilizar en plazos brevísimos los logros de años de los gobiernos, cuando se pierde su control.

Visto desde esta perspectiva, todo lo que ha progresado nuestro país desde la salida de la crisis político-institucional de 2001 hasta la fecha, no está consolidado.

Es la política, estúpido”, parafraseando a Clinton, lo que no ha cambiado en este país, desde la lógica de su funcionamiento. No se han tendido puentes sólidos entre el “sistema político” y la “sociedad civil”, y eso es una espada de Damocles.

¿Que cómo se cambia?

¿Quién dijo que esto sería fácil?

Empecemos por mirarnos en el espejo. Y si ya pasamos los 50 años, tenemos que admitir que no seremos nosotros los que cambiaremos para bien este país. Al menos no seamos complacientes con una realidad que está muy lejos de ser lo que habíamos soñado en nuestra juventud. Recuperemos el espíritu crítico y la capacidad de pensar.

No ilusionemos a los jóvenes de hoy con un sueño que ni es el de ellos ni es tan bueno como parece.

Todavía podemos ayudar empujando desde atrás.

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