Vergüenza ajena
El diario oficialista Página 12 de hoy, 10 de febrero de 2012, en un artículo sin firma, titula que la presidenta "pidió" una "discusión en serio" sobre minería. A continuacion presentamos el enlace con esa noticia:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-187310-2012-02-10.html
Si la crónica es fiel, en una teleconferencia con Olavarría (no con Famatina ni con Andalgalá), la presidenta pidió hablar con un trabajador. No indica esa crónica cómo fue que ese trabajador y no cualquier otro, tuviera la suerte de estar en el lugar y en el momento oportuno para hablar en un acto público en una teleconferencia con la presidenta, para decirle que era de una familia de mineros, que sabe mucho más de minería metalífera que los "seudoambientalistas" que cortan las rutas de acceso a las explotaciones de las multinacionales, y que "los mineros queremos que nos dejen trabajar en paz".
Este "trabajador" hacía referencia al corte de ruta de los habitantes de Belén, Catamarca, desalojado violentamente por la Gendarmería, que detuvo a 15 personas según denunciaron los ambientalistas, siempre según el artículo citado.
Al momento de escribir estas líneas, el autor no sabe bien si los ambientalistas detenidos fueron acusados de violar alguna norma vigente ante la justicia. Si así fuera, estaríamos ante una judicialización de la protesta social, tantas veces negada por este gobierno. Peor aún si así no fuera, ya que entonces estaríamos ante detenciones arbitrarias con uso desmedido de las fuerzas represivas ante una protesta pacífica.
El "trabajador" no manifestó el mínimo sentimiento de solidaridad con las personas reprimidas y detenidas en el episodio que, no sabemos bien si afectó a su derecho personal al trabajo, o a un derecho virtual de los otros trabajadores mineros de la zona.
Tampoco argumentó, ni seriamente ni de ninguna otra manera, sobre si el emprendimiento de marras provoca algún efecto nocivo sobre el ambiente en el que viven otros trabajadores, compatriotas suyos, miembros de su misma clase social, sobre si destruye o no destruye la montaña afectando al ecosistema de la zona, ni sobre el uso del agua, ni sobre el uso de sustancias peligrosas. En síntesis, este minero que sabe mucho de minería, no dió, según la crónica, ningún argumento sobre el tema de fondo que quería plantearle a la presidenta.
Sí habló de su legítimo derecho al trabajo, atribuyendo a las personas que tienen derecho a conservar su hábitat, la responsabilidad de estar limitándolo.
Es interesante reparar en el hecho de que, independientemente de lo que cada uno pueda opinar sobre los hechos y las razones de este trabajador y de los habitantes de Belén, el primero se enfrenta con los que él llama "seudoambientalistas" y los alcahuetea ante la presidenta, mientras que los vecinos de Belén (o los de Famatina, o los de Andalgalá) jamás atribuyeron a los trabajadores de la mina la responsabilidad de su problema, sino a las empresas multinacionales que vienen a hacer su negocio, llevarse los minerales, y si te he visto no me acuerdo. Y lógicamente, a los gobiernos nacional y provinciales que tienen la obligación de regular las actividades económicas privadas preservando el ambiente, la cultura y los medios de vida de los habitantes de hoy y los de las futuras generaciones.
Es decir, en un escenario orquestado para un show mediático, se presenta un problema de explotación irracional de recursos no renovables, como si fuera un conflicto de derechos entre dos sectores del pueblo: los mineros y los vecinos. El gobierno y las multinacionales de la minería no tienen nada que ver con esto. Son casi espectadores de un problema de otros.
Lejos de sacar a su interlocutor de su error, la presidenta consideró las palabras de este trabajador como "la voz del pueblo", no así a las voces de los habitantes de las zonas agredidas por la megaminería a cielo abierto. Y con el argumento del "derecho al trabajo", el mismo argumento con el que los gorilas de todo pelaje critican cualquier manifestación callejera porque entorpece el tránsito, reclamó una discusión "seria" sobre la minería.
Peor aún, terminó su razonamiento diciendo que, si aplicásemos el mismo criterio que la protesta de Famatina, Andalgalá y tantos otros territorios amenazados, a la agricultura, no se podría cultivar soja por el glifosato.
¡¡¡Precisamente!!! No es el caso de la soja ni el del glifosato uno de los temas sobre los cuales hay consenso sobre sus beneficios urbi et orbe, o su inocuidad ambiental, sino todo lo contrario.
En cambio, podría la señora presidenta escuchar a los trabajadores del INDEC, por dar un ejemplo, y reclamar una discusión seria sobre las estadísticas oficiales.
Utilizar a un trabajador para defender la postura de las multinacionales, y oponerlo al reclamo de las poblaciones afectadas es un recurso que no solo expresa un grado de miserabilidad como hacía tiempo no se tenía registro en la política argentina, sino que además, provoca vergüenza ajena.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-187310-2012-02-10.html
Si la crónica es fiel, en una teleconferencia con Olavarría (no con Famatina ni con Andalgalá), la presidenta pidió hablar con un trabajador. No indica esa crónica cómo fue que ese trabajador y no cualquier otro, tuviera la suerte de estar en el lugar y en el momento oportuno para hablar en un acto público en una teleconferencia con la presidenta, para decirle que era de una familia de mineros, que sabe mucho más de minería metalífera que los "seudoambientalistas" que cortan las rutas de acceso a las explotaciones de las multinacionales, y que "los mineros queremos que nos dejen trabajar en paz".
Este "trabajador" hacía referencia al corte de ruta de los habitantes de Belén, Catamarca, desalojado violentamente por la Gendarmería, que detuvo a 15 personas según denunciaron los ambientalistas, siempre según el artículo citado.
Al momento de escribir estas líneas, el autor no sabe bien si los ambientalistas detenidos fueron acusados de violar alguna norma vigente ante la justicia. Si así fuera, estaríamos ante una judicialización de la protesta social, tantas veces negada por este gobierno. Peor aún si así no fuera, ya que entonces estaríamos ante detenciones arbitrarias con uso desmedido de las fuerzas represivas ante una protesta pacífica.
El "trabajador" no manifestó el mínimo sentimiento de solidaridad con las personas reprimidas y detenidas en el episodio que, no sabemos bien si afectó a su derecho personal al trabajo, o a un derecho virtual de los otros trabajadores mineros de la zona.
Tampoco argumentó, ni seriamente ni de ninguna otra manera, sobre si el emprendimiento de marras provoca algún efecto nocivo sobre el ambiente en el que viven otros trabajadores, compatriotas suyos, miembros de su misma clase social, sobre si destruye o no destruye la montaña afectando al ecosistema de la zona, ni sobre el uso del agua, ni sobre el uso de sustancias peligrosas. En síntesis, este minero que sabe mucho de minería, no dió, según la crónica, ningún argumento sobre el tema de fondo que quería plantearle a la presidenta.
Sí habló de su legítimo derecho al trabajo, atribuyendo a las personas que tienen derecho a conservar su hábitat, la responsabilidad de estar limitándolo.
Es interesante reparar en el hecho de que, independientemente de lo que cada uno pueda opinar sobre los hechos y las razones de este trabajador y de los habitantes de Belén, el primero se enfrenta con los que él llama "seudoambientalistas" y los alcahuetea ante la presidenta, mientras que los vecinos de Belén (o los de Famatina, o los de Andalgalá) jamás atribuyeron a los trabajadores de la mina la responsabilidad de su problema, sino a las empresas multinacionales que vienen a hacer su negocio, llevarse los minerales, y si te he visto no me acuerdo. Y lógicamente, a los gobiernos nacional y provinciales que tienen la obligación de regular las actividades económicas privadas preservando el ambiente, la cultura y los medios de vida de los habitantes de hoy y los de las futuras generaciones.
Es decir, en un escenario orquestado para un show mediático, se presenta un problema de explotación irracional de recursos no renovables, como si fuera un conflicto de derechos entre dos sectores del pueblo: los mineros y los vecinos. El gobierno y las multinacionales de la minería no tienen nada que ver con esto. Son casi espectadores de un problema de otros.
Lejos de sacar a su interlocutor de su error, la presidenta consideró las palabras de este trabajador como "la voz del pueblo", no así a las voces de los habitantes de las zonas agredidas por la megaminería a cielo abierto. Y con el argumento del "derecho al trabajo", el mismo argumento con el que los gorilas de todo pelaje critican cualquier manifestación callejera porque entorpece el tránsito, reclamó una discusión "seria" sobre la minería.
Peor aún, terminó su razonamiento diciendo que, si aplicásemos el mismo criterio que la protesta de Famatina, Andalgalá y tantos otros territorios amenazados, a la agricultura, no se podría cultivar soja por el glifosato.
¡¡¡Precisamente!!! No es el caso de la soja ni el del glifosato uno de los temas sobre los cuales hay consenso sobre sus beneficios urbi et orbe, o su inocuidad ambiental, sino todo lo contrario.
En cambio, podría la señora presidenta escuchar a los trabajadores del INDEC, por dar un ejemplo, y reclamar una discusión seria sobre las estadísticas oficiales.
Utilizar a un trabajador para defender la postura de las multinacionales, y oponerlo al reclamo de las poblaciones afectadas es un recurso que no solo expresa un grado de miserabilidad como hacía tiempo no se tenía registro en la política argentina, sino que además, provoca vergüenza ajena.
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