martes, 14 de agosto de 2018

¿Corrupción o Dependencia?

1.             Indignación, naturalización, negación, fascinación

Una vez más, la sociedad argentina se muestra sorprendida e indignada al “enterarse”, por los medios de difusión, de algo que ya sabía: que hubo sobornos ligados a la obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández.
Esta falsa indignación revela la hipocresía de una parte de la sociedad, pero otra parte se niega a “naturalizar” la cuestión.
El caso de los cuadernos no es “un caso más”.  Afecta a personajes que ocuparon las más altas jerarquías de la Administración Pública, pero la novedad es que los empresarios del club de la obra pública de todos los gobiernos, incluido el actual, fueron alcanzados.
Una “mayoría silenciosa” cree que esto fue, es y será así. No es insensible al tema, pero no espera que esto cambie. Por otro lado, las “minorías sensibilizadas por la cosa pública” denuncian, desde el rincón “negador”, que los cuadernos son un montaje de los servicios, de los medios hegemónicos y del gobierno para desviar la atención del pueblo respecto de problemas más importantes. A la inversa, desde el rincón “fascinado”, señalan que los cuadernos muestran el grado superlativo de la destrucción de las finanzas públicas heredada por el actual gobierno.

2.             El recurso del método

¿Es posible salir del microclima y abordar este tema con herramientas aceptables para más de una mirada?
El discurso maniqueo (de cualquier orientación) se apoya en datos o hechos ciertos, y omite todo lo que sea inconveniente. Construye una interpretación de la realidad acorde con un objetivo predeterminado. En el plano de la lucha política eso no es criticable mientras no se traspase el límite de la honestidad intelectual.
Sin pretensiones de “neutralidad”, estas líneas invitan a poner en juego las herramientas de análisis disponibles, y asumir las conclusiones sean cuales fueren.
Se propone separar los hechos de las personas, lo que no significa ignorar sus intereses. Si las decisiones y actos de los sujetos provocan perjuicios o beneficios sociales, su valoración no depende de quién los produce.  Un mismo sujeto puede provocar beneficios sociales en ciertas ocasiones, y perjuicios sociales en otras. Sostenemos que unos y otros deben juzgarse con los mismos criterios. También se propone separar (no ignorar), el momento en que un suceso se instala en el debate público, de sus causas y consecuencias.
Si somos capaces de pensar un hecho y de analizarlo con rigor, todos los elementos del contexto deben ser incorporados al debate, en lugar de ser excusas para evadirlo.
¿Hubo corrupción en los gobiernos de Néstor y de Cristina? ¿Y en el gobierno de Macri? ¿Se beneficiaron los sectores populares en los gobiernos de Néstor y de Cristina? ¿Lleva adelante el gobierno de Macri una política de ajuste, con destrucción de puestos de trabajo, endeudamiento público e inflación descontrolada? ¿Está el gobierno  interesado en desviar la atención de esos problemas?
Muchas de estas cuestiones, o todas ellas, pueden ser ciertas.  Si lo fueran, tal vez sean causas y consecuencias unas de otras, o tal vez no. Todas merecen ser analizadas con seriedad.

3.             Proyectos políticos y esquemas de negocios

Con relación a “los cuadernos de las coimas”, puede afirmarse que no es creíble que un periodista haya recibido los cuadernos por iniciativa de una esposa despechada o de un amigo preocupado. Parece más lógico suponer que algún “servicio”, o “ex servicio”, los haya hecho llegar con alguna intención de daño.  Si así fuera, eso no indicaría que los cuadernos nunca existieron ni que lo que ha trascendido sea falso. Eso tampoco depende de si la letra o el vocabulario utilizado no parecen ser los de un chofer, argumento por demás despectivo y clasista.
El tema de fondo es la relación entre los funcionarios públicos que administran las contrataciones y las empresas privadas que las ejecutan.
Aprovechar el manejo de las contrataciones públicas para elevar artificialmente sus precios, otorgar los negocios a un grupo reducido de empresas y obtener a cambio un “retorno” financiero, sólo puede explicarse por el enriquecimiento personal o por el financiamiento espurio de un proyecto político. Las dos cosas son ilegales.
El enriquecimiento personal no se puede abordar desde un enfoque político. El financiamiento espurio de un proyecto de poder sí.
Una mirada simplista coloca el fenómeno como una tendencia motivada por el encarecimiento de las campañas electorales, crecientemente dependientes del acceso a los costosos medios de comunicación. Las modalidades legales de financiamiento de la actividad y de las campañas políticas no aportan los recursos suficientes, y el entramado de los intereses políticos y económicos hace el resto.
Esa visión explica sólo una parte del problema.  Si así fuera, bastaría con mejorar las legislaciones sobre financiamiento de la política y la gestión empresarial, y aumentaría la transparencia, la competitividad y la legalidad, tanto de las campañas políticas como de las contrataciones públicas.  En ese mundo irreal, la “naturaleza humana” es el origen de la corrupción, en lugar de la política y los negocios.

4.             ¿Capitalismo autónomo con inclusión social?

Durante las presidencias de Néstor y Cristina florecieron empresas ligadas a contratos con el estado y medios de comunicación ligados a la pauta publicitaria oficial. A eso se le llamó “capitalismo de amigos”.
Los grupos empresarios nacionales preexistentes, entre ellos el grupo Macri, crecieron y se desarrollaron al amparo de contrataciones públicas bajo gobiernos anteriores.  Recibieron el mote de “patria contratista”.  Los medios de comunicación hegemónicos tuvieron privilegios en todas las dictaduras y en todos los gobiernos civiles anteriores a 2003.
La principal característica de los grandes capitalistas nacionales es su escasa tendencia a la inversión de riesgo, su mentalidad rentística, su preferencia por negocios de corto plazo, alta rentabilidad y facilidad para fugar los beneficios al exterior, su aprovechamiento de mercados segmentados, monopólicos u oligopólicos, la explotación de sus proveedores si son empresas de menor dimensión, y de los consumidores o usuarios cautivos.
Los capitalistas extranjeros con intereses en nuestro país sólo invierten en negocios de rentas extraordinarias, como la explotación de los recursos naturales, en industrias con mercados protegidos y dependencia tecnológica como la automotriz, y en grandes cadenas concentradoras del comercio minorista de bienes y servicios.
Con ese panorama era difícil impulsar un proyecto capitalista autónomo con inclusión social, a la salida de una de las crisis más profundas que se recuerde. Conociendo las limitaciones del momento y lugar en que les tocó gobernar, Néstor y Cristina Kirchner no prometieron el pleno empleo ni la justicia social, ni hablaron de “socialismo del siglo xxi”. Sin referencias discursivas a John W. Cooke, ni a la “Patria Socialista” de la JP de los años 70, para ellos el peronismo nunca propuso un sistema socioeconómico alternativo. En política exterior se enfrentaron a los Estados Unidos y se alinearon con la Venezuela de Chávez y la Bolivia de Evo Morales.  Esos líderes hablaron, cada uno en sus términos, de otro paradigma. Los nuestros no.
Mucho antes de imaginar que conducirían los destinos del país, se fueron al sur a “hacer plata”, según sus propias palabras, y se preservaron hasta que terminó la dictadura. En democracia, su trayectoria se construyó con inteligencia para acceder a los distintos niveles del aparato estatal (Río Gallegos, Santa Cruz, y finalmente la Nación), con decisión para “hacer caja” y con habilidad para gobernar en base a ésta, concentrando mucho poder y dinero, y repartiendo muy poco de las dos cosas. Los argentinos, en su gran mayoría, no lo objetaron.
Pero un país capitalista necesita capitalistas, y un modelo de crecimiento, inclusión social y autonomía requiere de un tipo de capitalistas que Argentina no tiene. No se sabe si los Kirchner pensaron en un “capitalismo de estado” cuyo sujeto inversor fueran las empresas públicas (en la producción de bienes y prestación de servicios) o la propia administración (en las obras).  Si lo hicieron, lo descartaron.
Sólo les quedaba una opción: crear una clase capitalista que sostuviera el proyecto y lo llevara adelante. Los Kirchner no solo quisieron hacerlo, sino que quisieron ser el eje de esa clase y conducirla, para lo cual debían hacer su propia “acumulación primitiva”.
La única fuente posible eran los negocios con el estado: regalías petroleras de Santa Cruz, obras y servicios públicos con retornos, desendeudamiento y fomento del consumo popular financiado con retenciones sobre el modelo agroexportador, uso y abuso de los fondos previamente capturados por las AFJP que se estatizaron, pauta publicitaria para los medios de comunicación afines, retenciones de impuestos cobradas a los contribuyentes por los capitalistas amigos que no ingresaban en las arcas públicas, sociedades entre testaferros del poder y capitalistas para manejar sus empresas.  Todo al servicio de la acumulación primitiva del capitalismo “nacional y popular”.
Así, los sobrevivientes más ambiciosos de la “juventud maravillosa” de los años 70, cambiaron la consigna “Liberación o Dependencia” por “Corrupción o Dependencia”, y no lo hicieron por maldad ni por codicia, sino por la naturaleza de su proyecto. La mayor parte de esa generación de militantes e intelectuales, que no estaban en el poder ni fue cómplice de esos métodos, lo aceptó.  Quienes no lo hicimos, tampoco encontramos la forma de dar el debate.
Doce años es mucho tiempo para una gestión de un mismo signo político en el gobierno nacional, pero es muy poco para crear una clase empresarial y sostener un modelo capitalista autónomo con crecimiento e inclusión social.  Si los beneficios sociales hubieran sido duraderos, tal vez la sociedad le hubiera dado el tiempo suficiente para madurar.  Esto es independiente del juicio moral que se haga.  La sociedad argentina se acuerda de la moral sólo cuando deja de gozar de los beneficios de la inmoralidad.
La mal llamada “corrupción K” no se puede entender al margen de las necesidades de su proyecto político, y de su estilo de construcción.

5.             El rol del pensamiento crítico

Luego de 12 años de gobierno, los resultados no mostraron transformaciones estructurales relevantes con respecto a otras épocas menos “épicas”, y el agotamiento de la experiencia abrió el espacio para un gobierno de centro derecha.
Quienes sostuvieron discursivamente el “relato” del “modelo” deberían hacer un esfuerzo de pensamiento crítico y autocrítico, escuchar otras opiniones y tratar de encontrar las razones internas del agotamiento de la experiencia.  Solo así podrán darle un sentido a esta nueva etapa, que tenga más contenido que el “volveremos” a lo que ya se hizo (pero en mejores condiciones que las actuales).
Deberíamos tratar,  conjuntamente, de responder a la pregunta de si un modelo como el ensayado es viable en este rincón del planeta y en este tiempo, o si estaba condenado desde el comienzo.
Deberíamos tener la posibilidad de debatir sobre la influencia que un modelo económico concentrado en manos de unos pocos capitalistas “nacionales y populares”, tiene sobre la relación del gobierno con los sectores y organizaciones populares.  Tal vez ahí encontremos algunas de las razones de la incapacidad para admitir mínimas disidencias con las políticas públicas durante 12 años.
Preguntarnos si somos capaces de imaginar una acumulación no capitalista, una organización de los sectores populares no solamente como manifestantes, receptores de subsidios y consumidores, sino como productores de bienes y servicios públicos, como productores de bienes y servicios privados por fuera de las relaciones mercantiles, construyendo las bases materiales para su protagonismo político, facilitado por el estado, pero no sujeto a las necesidades del gobierno.
El desafío es abrir las mentes y hacer las preguntas correctas, aunque no nos gusten las respuestas. Se lo debemos a la sociedad que nos formó, con el esfuerzo de sus trabajadores.




jueves, 19 de julio de 2018

AMIA: 24 años de impunidad


AMIA: 24 años de distracciones

Ayer, 18 de julio, se cumplió un nuevo aniversario del atentado a la AMIA. Como todos los años, se hicieron los habituales actos de homenaje a las víctimas y de reclamos de justicia. Los titulares de los diarios de hoy hablaron de la demanda de mayor acción a la justicia para poder juzgar a cinco funcionarios iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado.

Esa, y solo esa, es la demanda que nos quieren hacer creer a todos que debe hacerse. Y eso me trae a la memoria inmediata la letra de la canción de León Gieco, esa que habla de “toda la pobre inocencia de la gente”. Porque no puedo dejar de pensar en que, por efecto de toda la pobre inocencia de la gente, hay muchos hombres y mujeres de bien que creen sinceramente que eso es lo que hay que demandar: que juzguen a cinco funconarios iraníes.

Soy un ciudadano común. No soy abogado y no entiendo de leyes, pero he leído el código procesal penal. No soy investigador criminal sino economista. Por formación y por experiencia no sabría por dónde empezar a investigar un evento como éste, pero por mis años de vida, por las noticias que he leído, por las películas policiales que he visto, tengo la sensación de que a partir de los autores materiales a veces se llega a los intelectuales, pero no al revés. Claro que esto es materia opinable, como casi todo lo que voy a escribir ahora.

No he leído los libros que se han escrito sobre el atentado. Ni sobre la muerte de Nisman, que es OTRO crimen, tal vez vinculado al primero, pero que merece su propia investigación. Toda la opinión que tengo formada la tengo, como cualquier ciudadano, por el conocimiento adquirido por el hecho de vivir en este país. Afortunadamente no tengo familiares que hayan sido víctimas. Pero tengo amigos cuyos familiares fueron víctimas, y eso me da tal vez un acercamiento mayor, pero nada fuera de lo común.

¿Qué sabe la pobre inocencia de la gente? Que un delincuente de poca monta vendió una tráfic que terminó explotando en la sede de la AMIA y que cinco funcionarios del más alto nivel del gobierno iraní de aquel momento están acusados de haber planeado el atentado. Esto es todo lo que se sabe DESPUES DE 24 AÑOS.

En cuanto a las maniobras de distracción, se sabe que hubo un intento de un sector del gobierno en la época de Menem, para cargarle el atentado a miembros de la policía de la Provincia de Buenos Aires. De ese intento fue cómplice el primer juez que investigó el atentado, los fiscales de entonces, y los máximos dirigentes de entonces de la comunidad judía. Esa maniobra salió a la luz, fue desbaratada, y años después el estado argentino reconoció su responsabilidad en el encubrimiento del atentado. Reconoció su responsabilidad POR HABER ORGANIZADO ESTA FARSA, pero no reconoció ninguna otra maniobra de encubrimiento. La pobre inocencia de la gente cree que esa fue la única maniobra que hubo.

Entonces la gente demanda que juzguen a los iraníes. En nuestro ordenamiento procesal penal no se puede procesar a ningún sospechoso si no se le da la oportunidad de declarar asistido por un abogado defensor. Por muchas pruebas y evidencias que estén en poder del juez de instrucción, si no se lleva al imputado al juzgado y se le toma una declaración indagatoria (así se llama la oportunidad de declarar, o de negarse a hacerlo), no se lo puede procesar. Sin proceso no hay juicio.

Esta circunstancia produjo muchísimos actos teatrales a lo largo de estos 24 años, relacionados con la imposibilidad de que los iraníes se presenten y presten declaración en el juzgado, como si eso fuese lo único que podía hacerse. Pedidos de la justicia al gobierno. Pedidos del gobierno a Interpol. Pedidos de presidentes y de vicepresidentes en la Asamblea General de las Naciones Unidas para que el gobierno de Irán colabore para que sus ciudadanos se presenten a declarar ante la justicia argentina, y un proyecto de reforma del código procesal para que se los pueda procesar y juzgar “en ausencia”.

O sea: en 24 años, según nos quieren hacer creer, se descubrió quién había planeado el atentado sin tener la menor idea de quiénes lo hicieron materialmente, y a partir de ese descubrimiento no se hizo nada más que tratar de que vengan a declarar, salvo el acuerdo, aprobado por el parlamento pero luego declarado inconstitucinal, de crear una comisión entre el gobierno argentino y el gobierno iraní, que nunca llegó a funcionar.

La evidencia sobre los funcionarios iraníes acusados de haber planificado el atentado, aparentemente, se basa en declaraciones de agentes de inteligencia de potencias enemigas de Irán, como los EUA e Israel. Eso no parece ser sospechoso para nadie. La pobre inocencia de la gente tiene una vaga convicción de que el régimen iraní financia organizaciones terroristas islámicas en todo el mundo, y que algún comando de alguna de estas organizaciones puede muy probablemente haber perpetrado el atentado, con colaboración local. También se ha difundido una historia sobre que estos círculos habrían financiado parcialmente la campaña presidencial de Menem, quien una vez en el poder no habría cumplido sus compromisos. Entonces todo es verosímil, aunque falten muchos detalles.

Si no se presta atención a las grandes debilidades que tiene esta “verdad construida” y la tomamos como verdad a secas, ¿Qué se espera que digan los iraníes si vienen? ¿Que reconozcan su crimen? ¿Que delaten a todas las personas que ellos contrataron y que colaboraron con ellos? ¿Que esclarezcan los hechos? ¡¡¡Esto es absurdo!!!

No cabe esperar ningún avance en el conocimiento de la verdad del hecho de que, por obra de algún milagro, los acusados pudieran comparecer ante la justicia argentina. Lo que sí ocurriría es que se los podría procesar, juzgar y condenar. Desde este punto de vista, no habría grandes diferencias entre que se presenten o que se los pudea juzgar en ausencia. Por eso es que surgió la idea del juicio en ausencia: si no te interesa lo que realmente pasó, pero querés condenar a alguien, tal vez esa sea la solución.

Si ellos realmente fueran los que planificaron el atentado, y fueran condenados, ¿se habría hecho justicia?

¿Qué hay de los que pusieron la camioneta? ¿Qué hay de los que la cargaron? ¿Quiénes prepararon los explosivos y los detonadores? ¿Cómo entraron al país con tantos explosivos, si es que los trajeron de afuera? ¿No se revisó en la frontera? ¿Qué hicieron los funcionarios de migraciones y de Aduana? ¿Cuántos kilómetros de ruta recorrieron sin que ningún control los revisara?

Y si compraron o robaron los explosivos en el país, ¿esas ventas o esos robos no llamaron la atención a nadie? ¿Cuántos sabían que había un grupo de personas manipulando esos explosivos? ¿Cuántas fábricas de explosivos hay en el país como para vender o sufrir un robo de estas proporciones? ¿Dónde se alojaron? ¿Cómo salieron del país? ¿Quiénes los protegieron? Todos estos criminales están entre nosotros. No están en Irán.

Ninguna de estas preguntas sería contestada si se juzgara a los iraníes. Y lo peor de todo, ninguna de estas preguntas necesita que vengan los iraníes para ser investigada.

Entonces, a 24 años del atentado a la AMIA, ¿qué estamos esperando?

Sólo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente.

jueves, 9 de noviembre de 2017

Carta del President de la Generalitat del 7/11/2017 (en castellano)

Estimados conciudadanos
Estamos afrontando una situación impensable en un entorno democrático. Una parte del Gobierno legítimo de Catalunya, con su vicepresidente y 7 consejeros está en prisión, y otra parte, el presidente y cuatro consejeros, en el exilio; el Parlamento ha sido disuelto antes de tiempo y buena parte de la mesa vive con la amenaza de ser también apresada. Todo ello como consecuencia de haber sido leales con la confianza que nos otorgó la mayoría de los ciudadanos.  Hablamos de una situación que es claramente contraria al Estado de Derecho y al ordenamiento dela Unión Europea, y que aleja aún más al Estado español del grupo de países referentes de buenas prácticas democráticas,  Para decirlo suavemente, el Estado se ha situado muy a la periferia del bloque democrático central Europeo.
Siempre hemos defendido que la vía democrática es la única que nos permite vehicular la legítima aspiración de la independencia de Catalunya, y es justamente por eso que el Estado ha considerado que la única manera de frenarla es frenando la democracia, activando una estrategia desesperada y extrema, ante la firmeza democrática de las instituciones y la ciudadanía de Catalunya.  Muerta la democracia, muerta la independencia, he aquí su esperpéntica estrategia.
Los hechos de las últimas semanas confirman que el Estado español no ha entendido cómo funciona el mundo en el siglo XXI.  Privar de la libertad a los miembros del Gobierno de Catalunya y disolver el Parlamento de Catalunya a golpe de decreto y, por tanto, hurtar a los catalanes su soberanía, ha sido la única respuesta que ha sido capaz de articular ante las reiteradas ofertas de diálogo reclamadas insistentemente por las instituciones catalanas. Es un grave error pensar que la represión es el camino para que una buena parte de los catalanes abandonen sus legítimas aspiraciones.  Podrán imponerse físicamente, pero nunca podrán derrotar nuestras convicciones. Podrán asfixiarnos económicamente, pero no podrán frenar la potencia de un país europeo, emprendedor y con una gran capacidad de generar talento y prosperidad. Podrán humillarnos y asediarnos a nosotros y a nuestras familias, utilizando el perverso sistema mediático español, que ha impuesto un relato de odio y de mentira permanente sobre las instituciones políticas y las entidades soberanistas y ciudadanas, pero no podrán anular nunca nuestras aspiraciones democráticas.
Somos completamente conscientes de las incertezas y los temores que han sobrevolado estos días sobre todos ustedes, y entendemos la desorientación causada por nuestra falta de respuestas rápidas frente a los ataques desmesurados contra los representantes y las instituciones legítimas catalanas, pero les aseguramos que seguimos fuertes y activos, y que ni a ustedes ni a nosotros nos podrán robar ni un ápice de la dignidad con la que afrontamos estas horas difíciles de nuestras vidas y de la vida de nuestro país.
Ante este complejo escenario, el Gobierno legítimo de Catalunya tiene una doble obligación que cumpliremos a pesar de las circunstancias.  La primera, mantener la legitimidad de la libre elección que se expresó en las urnas el 27 de septiembre de 2015. Lo diremos tantas veces como haga falta a todo el mundo: somos un gobierno legítimo y tenemos un parlamento legítimo.  Desde Bruselas, apoyados por una estructura estable que ponemos en marcha hoy para coordinar las acciones del Gobierno, exigiremos este compromiso cada día y en cada ocasión a la comunidad internacional, denunciando la politización de la justicia española, su falta de imparcialidad, su voluntad de perseguir las ideas y reafirmamos la firme apuesta del pueblo catalán por el derecho a la autodeterminación, por el diálogo y por una solución acordada.  El tiempo que pasaremos tras las rejas españolas o en el exilio no será en vano si estamos unidos más que nunca en la defensa de Catalunya y en la denuncia de la decadencia democrática del Estado español, así como de los abusos de una Unión Europea que ha tolerado, y hasta amparado de manera vergonzosa, el accionar represivo español. Nuestro compromiso con los valores de Europa es más fuerte que nunca, porque todos juntos nos necesitamos, porque queremos fortalecer una Europa de ciudadanos, que tenga capacidad de vencer el miedo y las amenazas.
La segunda obligación, y esta los afecta a todos ustedes, es sobreponernos y sostener la democracia, ahora amenazada por la coalición que ha ejecutado el 155, en connivencia con la violencia jurídica, policial y de la extrema derecha.  Les pedimos una combinación eficaz de coraje, de firmeza, de indignación, de rechazo, pero también de paz y respeto, como la mejor actitud para ganar el combate que nos plantea un estado enloquecido y descontrolado. No nos dejemos arrastrar por la pulsión violenta que impera en buena parte del sistema político español, porque es el único ámbito en el que seguramente perderemos. Recordemos que cuando hemos planteado embates democráticos, los hemos ganado todos. Siempre. El último, el 1° de octubre, en unas condiciones extremadamente difíciles, en medio de una indecente ofensiva de violencia ordenada por el Estado.
La hoja de ruta para los próximos días y semanas es clara y nítida: primero, defender la democracia. Lamentablemente debemos volver a hacerlo, como ya lo hicimos en otros momentos de nuestra historia, cuando nos visitaron los del clan del 155 bajo la forma de Primo de Rivera, el general Franco o Felipe V. Toca resistir, perseverar y continuar defendiendo nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra historia, que es una historia de éxito sostenida en la diversidad, la capacidad de agogida de otros pueblos de España y del mundo, y sobre todo sostenida en la esperanza de futuro. Toca ahuyentar democráticamente de nuestras instituciones a los que las han querido hacer suyas con un golpe de estado. Toca dar respuesta a los que quieren desmenuzar el autogobierno que nos había quedado después de la sentencia del Estatuto y de la retahíla de leyes, decretos y medidas siempre tendientes a la recentralización más o menos encubierta, pero efectiva en la práctica. Y defenderemos la democracia votando, como lo hemos querido hacer siempre. Queríamos votar y queremos votar. Ciertamente hubiéramos querido hacerlo como ya lo hicieron en Escocia y como harán otros países en el futuro.  Queríamos y queremos resolver las aspiraciones ciudadanas a través de las urnas y por eso tomamos las elecciones que plantea el Estado español el día 21 como un reto para recuperar la plena democracia sin presos, sin venganzas, sin imposiciones, sin furia y plena de futuro, de diálogo y de acuerdo.
El otro elemento central de la hoja de ruta es exigir y conseguir la libertad de los presos políticos que tiene secuestrdos el Estado español, el vicepresidente, los 7 consejeros y los presidentes de Omnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. No podemos fallar, no podemos quedarnos inmóviles ante el sufrimiento de sus hijos, sus parejas, sus familias, sus amigos y su gente, que somos todos nosotros. Es la hora de ser más perseverantes que nunca. Diez personas y sus familias representan, hoy, vuestra dignidad individual y colectiva. Por ellos y por otras personas que podemos seguir el camino de la prisión, debemos denunciar cada día su situación, y que el próximo sábado seamos centenares de miles en la Jornada Nacional por la Libertad que se ha convocado en Barcelona. Y eso sólo depende de nosotros, de vosotros, de nuestra fortaleza y de nuestras convicciones.
Sólo desde la ciudadanía, desde el compromiso democrático, desde la respuesta de base, organizada, democrática, pacífica pero radicalmente insobornable, podremos recuperar el control de nuestra vida colectiva y construir juntos, de manera democrática, dialogada, una República que nos hemos ganado en las urnas y que habrá que levantar, dándole sentido y contenido, también desde las urnas. Este será el reto de las instituciones, de las entidades civiles, de las empresas y de todos vosotros en los próximos tiempos.
Recuperemos la libertad este sábado en la gran manifestación en Barcelona, y en el reto electoral que el Estado nos ha impone para el día 21.  Y mañana continuaremos caminando todos juntos en libertad.
Carles Puigdemont
Toni Comín
Meritxell Serret
Clara Ponsatí

Luís Puig