La muerte... ¿es la política por otros medios?

Por el Equipo de Discusión del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP)

Claudio Lozano, Tomas Raffo, Horacio Fernández, Jaime Farji, Ariel Pennisi y Bruno Costas

Una vez más en la historia reciente de nuestro país, una muerte tuerce el rumbo del escenario político. Este que parecía estabilizado hacia una transición controlada en sus aspectos significativos por el gobierno y tolerada por la oposición (aunque siempre con el interrogante de los efectos que la recesión y la conflictividad social podían producir) se modificó por distintas razones.

Si los asesinatos de Kosteki y Santillán sellaron la suerte del gobierno de Eduardo Duhalde en junio de 2002, y el fallecimiento de Néstor Kirchner, en octubre de 2010, contribuyó para que Cristina Fernández obtuviera su reelección un año después, la muerte, en circunstancias aún no esclarecidas, del fiscal Alberto Nisman, ocurrida el pasado 18 de enero de 2015, alteró el escenario político actual con alcances aún difíciles de prever.

Pero vayamos por partes.

Luego de la derrota electoral sufrida por el gobierno en las elecciones legislativas de medio tiempo de octubre de 2013, quedaron sepultadas las aspiraciones de una nueva reelección de CFK. El oficialismo retuvo la mayoría en ambas cámaras, pero no logró el número suficiente de legisladores para habilitar una reforma constitucional. A partir de ese momento, todos los actores políticos y sociales supieron que el escenario de los dos años siguientes estaría marcado por una transición, y en función de ella todos configuraron sus respectivos comportamientos.

Con Cristina Fernández fuera de pista, y sin posibilidad de imponer un candidato “del riñón” al PJ, los dos principales aspirantes de ese partido, Daniel Scioli como “heredero” y Sergio Massa como “opositor” pasaron a tener el camino allanado para construir dos grandes opciones de un justicialismo dividido. Aunque para muchos esas sean dos caras de una misma moneda, (dada la capacidad del PJ para ser oficialismo y oposición al mismo tiempo) lo cierto es que se dispusieron a disputar el voto del electorado, y no hay ninguna posibilidad de arreglo entre ellos antes de octubre de 2015. Lo que vaya a pasar después es, en la política argentina, futuro incierto.

Con el kirchnerismo sin candidato y con el justicialismo dividido, crecieron las probabilidades de que un gobierno no peronista pueda consagrarse en 2015. Con ese panorama, el PRO, con Mauricio Macri como candidato presidencial consagrado, y el Frente Amplio UNEN, con varios aspirantes, comenzaron a prepararse para captar el voto no peronista y el voto independiente.

Massa, Macri y los principales referentes de UNEN, envalentonados por la derrota electoral del oficialismo, y con una situación socioeconómica signada por el deterioro del empleo, del poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones debido al proceso inflacionario, y por las presiones sobre el tipo de cambio motorizadas por la intervención del mercado cambiario, desplegaron al unísono la receta de la solución tradicional a los problemas de la economía argentina:

• Volver a los mercados de capitales internacionales
• Estabilizar el valor de la moneda con el ingreso de dólares del endeudamiento y liberar el mercado cambiario doméstico
• Abrir los sectores de recursos naturales y energéticos estratégicos a los inversores externos
• Recuperar los puestos de trabajo perdidos en un proceso virtuoso de producción sin inflación, motorizado por las inversiones externas y el endeudamiento
• Pagar el capital y los intereses de la deuda externa con los ingresos por exportaciones energéticas, mineras y de commodities agrícolas

El gobierno intentó por todos los medios conservar iniciativa política para evitar, o al menos demorar, los efectos de la debilidad que supone el plazo fijo para su retirada. Así, puso en juego su capacidad de negociación-extorsión al interior del justicialismo, tratando de controlar (incluso recurriendo a la indefinición deliberada) la elección del candidato oficialista a Presidente. Dió aire a todo aquel que mostrara su aspiración de ser el candidato de la “continuidad del proceso” (Randazzo, Dominguez, Rossi, Taiana), presionó al “candidato natural” (Scioli) y hasta alimentó las ilusiones del “núcleo duro” (“que se enfrenten con Cristina y sanseacabó”). Mientras tanto, aseguró la colocación de sus candidatos a diputados en las listas de diferentes distritos, más allá de quién termine siendo el que dispute la primera magistratura.

Asimismo, desplegó un conjunto de inventivas legislativas como la reforma de las leyes sobre derechos de consumidores y usuarios (abastecimiento), sacó finalmente adelante la polémica reforma del código civil, e impuso la reforma del código procesal penal con el que, sin pudor, pretende poblar el ministerio público de fiscales afines que le garanticen impunidad a futuro.

Igualmente audaces fueron sus decisiones en materia de política económica. Sin ningún prurito ideológico, y sosteniendo el mismo discurso “nacional y popular”, plagió lisa y llanamente el menú de la oposición conservadora, e hizo todos los “deberes” de la ortodoxia neoliberal para “reinsertar” al país en los “circuitos financieros internacionales”. Veamos:

• Arregló millonarias demandas que empresas extranjeras habían entablado contra la Argentina en el CIADI, aceptando el pago de sus reclamos
• Renegoció la deuda con el Club de París, sin revisarla a pesar de que una parte de la misma había sido contraída por la última dictadura militar, y reconoció un monumental incremento del endeudamiento público sin pasar por el Congreso
• Procuró sin éxito ganar tiempo en la demanda judicial de los fondos buitres para arreglar también con ellos, pero después del vencimiento de la cláusula RUFO
• Firmó contratos con multinacionales como Chevrón, con cláusulas aún desconocidas por la opinión pública, pero entre las conocidas se sabe que se le entrega a perpetuidad la explotación de los recursos no convencionales en las áreas de la formación neuquina de Vaca Muerta en las que opera en conjunto con YPF, y abrió el acceso a todas las restantes empresas, incluso aquellas que tienen en explotación yacimientos convencionales, para que obtengan las mismas condiciones
• Suscribió acuerdos con China que entregan los recursos naturales en condiciones ampliamente ventajosas, y que prácticamente son un certificado de defunción para el MERCOSUR, a cambio de ingresos de divisas a corto plazo

La recesión, provocada por el deterioro de la capacidad de consumo de la población, acentuó el proceso de destrucción de puestos de trabajo, pero esa contracción de la demanda agregada moderó las presiones inflacionarias. Las trabas a las importaciones frenaron la producción industrial y contribuyeron a moderar el rojo de las cuentas externas. Los acuerdos de SWAPs con China permitieron el ingreso de moneda extranjera computable como reservas internacionales, y los “pagos” de vencimientos de deuda quedaron depositados en cuentas del Banco Nación en el país, gracias a lo cual no impactaron aún en el balance de divisas, base caja. De acuerdo con lo publicado por el BCRA, el balance de divisas del año 2014 tuvo un resultado positivo, obtenido mediante diferentes artilugios contables.

Todo lo descripto configuró un cuadro de “ajuste recesivo” que logró estabilizar variables tales como la inflación y el tipo de cambio, otorgando márgenes de maniobra para el gobierno, mientras la conflictividad social aparece relativamente controlada, en parte por el despliegue de los aparatos represivos del estado, en parte por la fragmentación de las dirigencias sindicales y por el reacomodamiento de varios de cara al futuro proceso electoral.

En un escenario de deterioro del empleo, el sindicalismo tradicional espera la llegada del próximo gobierno para negociar en mejores condiciones, sabiendo que es muy poco lo que puede obtener de éste y de las patronales. A pesar del activismo de la izquierda sindical y del compromiso de lucha de la CTA autónoma, los conflictos más importantes son de carácter defensivo (reincorporación de trabajadores despedidos, etc.), y se carece de la capacidad de movilización y de organización suficientes para imponer un plan de lucha sin el concurso de la CGT, que tiene otras prioridades y está muy lejos de la “unidad de acción” del año 2012.

Salvo grandes operadores internacionales como las multinacionales del petróleo o el gobierno de China, que están en condiciones de obtener grandes ventajas a cambio de saciar la avidez cortoplacista del gobierno por divisas, los restantes operadores esperan el cambio de gobierno para tomar decisiones de inversión.

La oposición política conservadora y sistémica, incapaz de desplegar ninguna iniciativa propia o de frenar las iniciativas del gobierno, y despojada por éste de sus propias ideas para resolver la coyuntura, no tiene más espacio que el de ensayar un discurso diferenciador excluyendo toda referencia al modelo productivo o a la coyuntura socioeconómica, y se centra en "los modales" y en la “cuestión republicana”. A lo sumo aparecen los cultores del ajuste fiscal que cuestionan la dilapidación del gasto gubernamental desde una perspectiva que induciría mayor recesión aún.

En ese escenario de dominio precario, pero dominio al fin, de la iniciativa política, con las variables macroeconómicas bajo control, y con el conflicto social “planchado”, el gobierno se aprestaba a transitar con razonables niveles de estabilidad sus últimos meses, y la oposición parecía resignada a afrontar la campaña como mejor pudiera, y los sectores populares permanecían inmovilizados entre la prudencia y la debilidad.

Entonces... la muerte se hizo presente para patear el tablero.

Para comprender un suceso, lo más común es explorar sus causas. Pero la muerte del fiscal Nisman, el múltiple entramado de causas que llevaron a ese desenlace, y la complejidad de los submundos en los cuales tuvo lugar, entre los que pueden citarse sólo como ejemplo el de los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros, el de la investigación que estaba llevando adelante el fiscal y las presiones que en torno de la misma se venían desplegando, y el de las pujas por el control del poder judicial, hacen que para no movernos en el terreno de las hipótesis, resulte en este caso más útil tratar de analizar los efectos. Las posiciones progresistas o de una izquierda políticamente correcta son presas de una sensibilidad atravesada por el principio de sospecha. El sentido común más bien antipolítico, por lo general crédulo y conformista aun en el más quejoso de sus estados, se aviene a la sospechología a partir de escenarios como el actual, con sus fogoneos mediáticos a cuestas. El resultado es una olimpiada que tiene como protagonista al único deporte de la sospecha. Admitamos que hay un goce en el acto sospechador, en tanto éste daría cuenta de una inteligencia en movimiento, de una profundidad ejemplar o una mirada suspicaz. En ese sentido, conviene detenerse ante tanto goce (término que perfectamente le podemos arrebatar al psicoanálisis) y apelar a un principio de cautela que apunte a forjarse una salud política. Hacerse a un costado del territorio, por ahora imaginario, de la sospecha no significa desinteresarse por las causas de un hecho tan traumático, sino conseguir algo de oxígeno para orientarse de otra manera.

El territorio más concreto –y brutalmente literal– de los efectos nos muestra, antes que cualquier otra cosa, una profundización de la tendencia binaria que domina como matriz de lectura política la mayor parte del discurso público. Las posiciones, tanto en sus contenidos como en sus tonalidades, previas a la muerte de Nisman se agudizaron, como si esa muerte se agregara como leña a la voracidad de una maquinaria interpretativa que está al límite de sus posibilidades. El binarismo funciona como una trituradora de basura, absorbe los hechos como desperdicios de la gran, verdadera y fundamental conspiración. Del discurso rudimentario de un militante raso a las engoladas frases de un filósofo devenido funcionario, el esquema es básico y parece no tener afuera: desde la CIA hasta la ex SIDE, pasando por el MOSSAD y los medios masivos de comunicación locales complotan y logran engañar a alguna ingenua clase trabajadora y a la siempre maliciosa clase media. “Justo cuando la presidenta mostraba una imagen pública más que aceptable”. Es decir, pasan de categorías setentistas medio oxidadas (como los fierros) al lenguaje del marketing político y la encuestología.

Solo contamos con una información cierta: qué hacen los actores ante lo sucedido. Los que usan el nombre de una república gastada como la moneda para achacarle al gobierno ribetes autoritarios no distan mucho en su chicana de quienes viven con el mote “golpista” en la punta de la lengua y lo escupen, cada vez más seguido, desde el aparato del Estado. Sin embargo, el Estado no se hizo presente más que desde su costado sombrío de una Inteligencia que es el reverso de la sospecha festejada momentáneamente por la calle (incluyendo sus dos veredas de rigor). El resto son facciones: un gobierno que se pone a la altura de otras corporaciones, medios de comunicación determinados, zonas del poder judicial –sindicato incluido–, instituciones de la colectividad judía, etc.

En el marco de la guerra de los goces y el desprecio como ejercicio los, a estas alturas, indolentes actores avanzan ciegamente según el dictado de lo que suponen sus intereses. ¿Qué márgenes quedan, entonces, para la politización de los cuerpos, es decir, para la participación popular y plural en la vida pública? ¿Qué márgenes para posicionarse por fuera de la matriz de las sorderas enfrentadas? El camino de la Comisión Investigadora del caso AMIA, que tuvo su acertada marcha el miércoles 4, es importante por lo que dispone conceptualmente y por lo que significa en términos ético-políticos. Por delante, se abre una tierra incógnita que nos llama a renovar el lenguaje político al calor de nuevos emergentes, a inventarnos formas de relación con la vida pública capaces de desarmar las formas cristalizadas del momento para volver a interpelar… Pero, tal vez, tengamos que dejarnos interpelar antes por la complejidad de lo que pasa.

Crimen o suicidio, suicidio inducido o no, la muerte del fiscal Nisman conmovió profundamente a la sociedad argentina, que resultó sorprendida y abrumada por un hecho de semejante gravedad institucional, pero a la vez, aunque parezca contradictorio, en presencia de una “muerte esperada”.

Dos caras de una misma moneda: la sorpresa y la conmoción responde al deseo de seguir viviendo en comunidad, a la aspiración de que la vida en comunidad, con todo lo que ello implica, no permita que estas cosas sucedan, que la comunidad preserve al hombre común del desamparo que lo acecha cuando personas con poder, con dinero, con custodia y con notoriedad, aparecen muertas de esta forma. Y del otro lado la sensación de “muerte esperada” surge de las evidencias de descomposición social e institucional, de destrucción de lazos, de barranca abajo por la que viene despeñándose nuestro país desde hace años.

Cuando todo parecía encaminarse a una transición tranquila, cuando el único discurso que se imponía en el debate público era la receta ilusoria de la gobernabilidad del ajuste, no fue la capacidad creativa de las multitudes la que rompió el engaño, sino la capacidad destructiva de una muerte oscura, el elemento que puso a la sociedad frente al espejo.

No fue un hecho aislado. En el marco de esa “paz aparente”, el gobierno creyó que tenía margen para acelerar los tiempos de la designación de fiscales adictos. En ciertas instancias judiciales estas designaciones se frenaron. Simultáneamente, algunos jueces comenzaron a mover causas contra funcionarios y otros “amigos del poder” que habían permanecido “dormidas”. El gobierno advirtió que las riendas de ese animal que es el Poder Judicial se le estaban aflojando. Pero tal vez no advirtió que otros poderes, más poderosos, habían decidido que la transición no iba a ser tranquila.

Por la naturaleza de la división de poderes, el gobierno controló siempre el Poder Ejecutivo. Por efecto de la voluntad popular, también logró hacerlo con el Poder Legislativo. Pero con el Poder Judicial lo intentó de muchas formas y fracasó en 12 años. Modificó de modo virtuoso la cabeza de ese poder, al inicio de su mandato, con la elección de los miembros de la Corte. Luego pareció no tener política para continuar con los cambios, o dejarla en manos de la Corte. Más adelante vinieron las reformas al Consejo de la Magistratura que le dieron al PEN el control de las designaciones y remociones. No conforme con eso, tuvo el delirio de la “democratización” de la justicia por medio de la cual procuró partidizar la elección de los consejeros representantes de jueces, abogados y académicos, que no salió. Cambió al procurador cuando tuvo que proteger a Boudou, nombró jueces subrogantes y fiscales, truchó concursos, pero no logró su objetivo.

Su último recurso (que también fue el primero, ya que siempre lo utilizó), fue el control de los jueces y fiscales a través de los servicios de inteligencia. En ese punto se entrelazaron peligrosamente dos políticas erróneas: la pretensión de controlar la justicia para obtener impunidad, renunciando a una democratización del poder judicial, y la pretensión de convertir al aparato de inteligencia del estado en un instrumento ilegal de extorsión de jueces y fiscales y de infiltración en los movimientos populares. Así, el gobierno quedó cautivo de su propio instrumento (los servicios de inteligencia), cuyos resortes no controló nunca, y se quedó sin recursos legales (que deberían ser provistos por una justicia independiente) para perseguir y castigar la autonomización de estos cuerpos. ¿Cómo hacerlo cuando las órdenes impartidas por la autoridad política violan el marco jurídico?

Cuando el gobierno advirtió que su aparato de inteligencia no le resultaba eficaz, insistió en la ilegalidad al intentar desarrollar un aparato de inteligencia militar (de la mano del ascenso irrefrenable de Milani) pero, finalmente, decidió reestructurar la secretaría de inteligencia y zanjar una interna a favor de uno de los dos sectores en que ésta estaba dividida.

En respuesta a esta ofensiva, el sector aparentemente “perdidoso” decidió demostrar su capacidad de daño operando a través del fiscal Nisman, que hacía meses venía trabajando en la denuncia que finalmente presentó una vez que Stiuso quedó afuera de la SIE. Correlación no es causalidad, según un principio de la estadística. Pero tampoco existen las coincidencias en política, mucho menos con un tema tan trascendente. La elección del tema y del personaje para golpear al gobierno tampoco son casuales: durante años el sector ahora perdidoso de la SIE fue el sector privilegiado del gobierno, y desarrolló con su aval toda la argumentación de la “pista iraní” en la causa AMIA. El viraje del gobierno en este tema, como su anterior opción por él, nunca respondieron a la intención de esclarecer la verdad y hacer justicia, sino a opciones de alineamiento en política exterior.

La política de control del poder judicial del gobierno, entonces, derivó en un ajuste de cuentas con sus propios servicios de inteligencia, y este ajuste de cuentas derivó en un renovado impulso de la acusación del fiscal Nisman contra el gobierno en defensa de la pista iraní, ahora abandonada por el gobierno pero sostenida por este sector de los servicios. La denuncia del fiscal Nisman derivó en su muerte. Y la muerte del fiscal Nisman, finalmente, derivó en una defensa corporativa de la independencia del poder judicial, por una parte, y en un reclamo generalizado de la sociedad contra la impunidad, por la otra.

Se fortalece, en este escenario, un discurso formalista republicano, incluso en manos de muchos que no se han preocupado demasiado en el pasado por estos principios, y se soslaya, más aún si cabe, la relación entre república y democracia, y sobre todo entre democracia y justicia social. Se impone la tendencia a un gran agrupamiento “republicano” (la alianza Macri-Carrió y las fuertes presiones dentro del radicalismo para sumar a este bloque son el más claro ejemplo) y se debilita en el imaginario colectivo la perspectiva de una opción justicialista diferenciada del actual oficialismo.

Es todavía muy pronto para asegurar que esa será la tendencia definitiva de los reagrupamientos políticos antes de las elecciones de octubre de este año, pero en principio, este cimbronazo tiende a debilitar tanto al FA-UNEN como al Massismo, y a consolidar a Scioli y a Macri como los dos grandes contendientes.

En ausencia de una nueva experiencia política que exprese la vocación de cambio de los sectores populares, el escenario se encamina hacia una salida conservadora, en cualquiera de sus variantes, que recibirá el país a finales de 2015 con situaciones que estarán cerca de tornarse explosivas, y está por verse si en el momento en que éstas hagan crisis, la democracia habrá alumbrado o no una herramienta capaz de hacerse cargo de las transformaciones que hacen falta, sin que tengan que ser nuevas muertes las que cambien el rumbo de la situación. En esa dirección trabaja nuestro frente popular.