viernes, 3 de junio de 2011

¿Promovemos derechos o producimos bienes?

A raíz de los recientes sucesos que vinculan a Sergio Shoklender, a su empresa Meldorek y a otras empresas que se le atribuyen, e indirectamente a las Madres del Plaza de Mayo, con irregularidades en el manejo de fondos públicos para la vivienda, es lógico preguntarse si esto es meramente una campaña de desprestigio, o si se trata de una lamentable desnaturalización de un organismo de derechos humanos.

El temor de muchos, aunque no se quiera admitir en voz alta, es que las dos cosas sean ciertas.

Pero que medios como Clarín y La Nación utilicen hechos susceptibles de generar sospechas sobre personas allegadas a las Madres, para desprestigiarlas y, por añadidura, golpear al gobierno, es muy probable que pase y seguirá pasando en el futuro.

Como muestra, vaya el siguiente artículo, que no es un invento del periodista sino una denuncia penal concreta:

http://www.lanacion.com.ar/1378531-cont-investigan-a-schoklender-por-lavado

Pero que el comportamiento de algunos medios sea así no demuestra que los hechos denunciados sean falsos, aunque resulte doloroso. Y que las cosas estén en manos de la justicia, encarnada nada menos que en Norberto Oyarbide, no debería cerrar la reflexión: hay faltas éticas que no son delitos, y jamás serán castigadas por la justicia.

Los intereses de los medios, su modo de actuar, el hecho de que amplifiquen determinados hechos y minimicen otros, deben ser puntualmente denunciados. Pero ello no debería eximir a nadie, por honrosa que sea su historia, de ser transparente con el manejo de los recursos públicos. No autoriza a nadie a mentir. Y Sergio Shoklender ha mentido ostensiblemente durante los últimos días, sin que las Madres se hayan despegado de él. Por el contrario, lo han defendido públicamente.

La misión sueños compartidos declara, en su página web, que su objetivo principal es la inclusión social a través del trabajo. O sea que la vivienda es, en este enfoque, un medio para incorporar personas al mundo laboral. Y si se hace construyendo viviendas para los sectores más postergados mejor aún. Y si se hace utilizando una tecnología que abarata los costos y mejora la calidad mejor que mejor. ¿Quién podría criticarlo desde la perspectiva del bien ofrecido?

http://www.suenoscompartidos.org.ar/nosotros/27-la-mision/

Pero... ¿Esa es la perspectiva de un organismo de derechos humanos, o la de una empresa constructora con “responsabilidad social”?

Pueden encontrarse en la página web de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, en referencia al Plan Federal de Vivienda, noticias de las inauguraciones de barrios construidos por la Misión Sueños Compartidos:

http://www.obraspublicas.gov.ar/prensa_noticias.php?anio=2011&id=1283

El plan federal de vivienda se ejecuta en provincias y municipios de todo el país, financiado con fondos de la Nación. Su convenio marco establece que son los institutos provinciales o municipales de vivienda quienes adjudican las viviendas a los beneficiarios, así como las obras a las constructoras. La Nación pone condiciones en metros cuadrados por unidad, en tecnología intensiva en mano de obra, y exige a provincias y municipios que suministren listados de proyectos para que la Nación evalúe cuáles pueden ser financiados por el plan. También se reserva el derecho de auditar técnica y financieramente las obras.

http://www.vivienda.mosp.gba.gov.ar/programas/construccion.pdf

O sea que la Nación decide qué proyectos financia pero no es responsable de la contratación de las obras, ni de los pagos de los certificados. Las provincias y municipios, que contratan y pagan los certificados, hacen responsable a la Nación por la auditoría técnica y financiera. No es difícil concluir que este entramado de competencias diluye la responsabilidad por el efectivo control de los fondos.

La página web de Meldorek informa que aporta la tecnología para la construcción de las viviendas de la Misión Sueños Compartidos. En los hechos, son paneles prefabricados que constituyen el principal insumo de las viviendas.

http://www.meldorek.com/construccion_experiencia.php

Por lo tanto, la Misión Sueños Compartidos recibe y administra fondos públicos para construir viviendas. Con esos fondos se compran los insumos principales a Meldorek. Y ahora se sabe que Meldorek, que no es un organismo de Derechos Humanos, sino una empresa común y corriente, pertenece a Sergio Shoklender, aunque él lo haya negado públicamente.

http://www.infobae.com/notas/585056-El-Boletin-Oficial-confirmo-que-Schoklender-es-director-de-la-constructora-vinculada-a-las-Madres.html

Después de varios años y miles de pesos y de viviendas, Shoklender advirtió que era incompatible su interés personal con su función junto a las Madres, tal vez porque esto estaba a punto de explotar.

¿Qué estaríamos diciendo si algo parecido hiciera Mauricio con alguna empresita de Franco?

No cambia, en su esencia, la cuestión de fondo, si Sergio Shoklender es un corrupto y jamás pudiera demostrarse que la Asociación Madres de Plaza de Mayo conocía o consentía sus manejos.

Ya vivimos en nuestro país muchas historias de jefes buenos y subordinados malos. Los jefes eligen a sus subordinados porque los conocen, y les dan la capacidad y la autoridad para hacer las cosas que hacen, y por lo tanto son responsables.

La cuestión que debe ser puesta en debate no es si Hebe conocía o no los manejos de Shoklender, sino si es o no es correcto que un organismo de derechos humanos construya viviendas sociales administrando fondos públicos.

Esta cuestión puede aplicarse a cualquier organización social, incluso las territoriales, como la Túpac Amaru de Milagro Sala, de la cual nunca se dijo que hubiera irregularidades con el manejo de los fondos públicos que administra para planes de vivienda social, que aparentemente son un ejemplo.

Esto se plantea sin que medie ninguna denuncia, porque el cuestionamiento es respecto del rol y la acción de la organización política y social: una cosa es organizar a la gente, reclamar un derecho, incluso obtener fondos, organizar planes de autoconstrucción para los beneficiarios y hasta conseguir una compensación económica porque si están construyendo su vivienda no pueden trabajar. Y otra cosa muy distinta es operar como una empresa constructora contratada por el estado.

Podrá decirse que la diferencia es sutil pero no. La diferencia es abismal. La organización de un colectivo social sujeto de un derecho (para el caso la vivienda o el trabajo), la lucha por concretarlo, el acompañamiento de ese colectivo organizado hasta el logro del objetivo para plantear, si cabe, nuevos objetivos, requieren formas de organización, dirigentes, militantes y habilidades de una naturaleza diferente a la producción de un bien (cualquiera sea) y la administración del dinero necesario. Si lo que hacemos es producir bienes y administrar dinero, la organización, los dirigentes y las habilidades que van a predominar van a ser los propios de una empresa. ¿Tan difícil es verlo?

La destrucción del estado requiere de su reconstrucción sobre otras bases. Pero eso es algo radicalmente distinto a proponer que las organizaciones sociales lo sustituyan. Y esta afirmación no es ir en contra de la autogestión popular o la cogestión social de lo público.

Las maniobras que algunos funcionarios de la política tradicional hacen con los proveedores del estado para financiar la política se deben combatir, al igual que el clientelismo, promoviendo un cambio de las organizaciones políticas. Pero eso es algo radicalmente distinto a proponer que las organizaciones sociales se conviertan en proveedoras del estado.

¿Quién embarcó a las Madres en ese camino y porqué? ¿Por qué aceptaron?

Las respuestas a esos interrogantes seguramente arrojarán luz sobre muchas cosas. Lo triste sería no animarse a preguntar.

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